Paro en Nicaragua dejó caída en el consumo de hasta un 80 %, según patronal

El paro nacional realizado en Nicaragua para exigir la liberación de los opositores detenidos por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega en el marco de la crisis que estalló desde abril de 2018 dejó una caída en el consumo de hasta un 80 %, informó este viernes el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula patronal del país.

Según un informe del Cosep, cuyas empresas afiliadas apoyaron la huelga general celebrada el jueves, en algunas zonas de Nicaragua el paro de negocios alcanzó cifras de 60 % y 70 %.

"A pesar de las amenazas de parte de las autoridades hacia los empresarios, el esfuerzo del paro nacional convocado para ayer, resultó exitoso", señaló la patronal que, hasta antes de la crisis, era aliada del Gobierno en una política de consenso que mantenían junto a los sindicatos.

Para el Cosep, la participación de las empresas y las bajas ventas "reflejó la solidaridad y la determinación del pueblo nicaragüense que tomó su decisión de no consumir, a pesar de que había negocios abiertos".

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en las negociaciones para superar la crisis y que convocó a la huelga general, indicó que el paro evidenció "el rechazo al régimen" de Daniel Ortega.

"La contundencia y el éxito del paro 'por la libertad de todos' evidencia el rechazo al régimen y la unidad del pueblo nicaragüense, que de manera decidida mostró su solidaridad con los presos políticos", dijo el estudiante y miembro de la Alianza, Max Jerez, al leer un comunicado del movimiento cívico.

El paro, que se extendió las 24 horas de ayer jueves, vació las calles de Nicaragua y detuvo casi la totalidad de las actividades comerciales y sociales del país, a pesar de las pocas expectativas debido a la crisis económica y amenazas previas del Gobierno.

"De poco sirvieron las amenazas del Gobierno y alcaldías para forzar a empresarios de la banca, comercio y comerciantes en mercados municipales, ya que los empleados de los establecimientos y sucursales, así como los mismos consumidores, se encargaron de dejarlas sin efecto", subrayó la Alianza.

Ese movimiento demandó al Gobierno que "no se concreten" dichas amenazas, y responsabilizó "al régimen de las consecuencias de las mismas".

"Una vez más, el pueblo ha mostrado fuerza y determinación. Esperamos que esta manifestación, que conlleva sacrificios para todos, ayude a hacer entender al régimen que todos los presos políticos deben salir libres de manera plena y definitiva", abogó la Alianza.

Nicaragua afronta su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha causado 325 muertos desde abril del año pasado.

Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

La CIDH también cuenta al menos 809 "presos políticos", más del doble de los que reconoce el Gobierno de Ortega, que los denomina "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".

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