Temer presenta su descargo y acelera el trámite de la denuncia por corrupción

La defensa del presidente brasileño, Michel Temer, entregó hoy a la Cámara baja sus alegatos frente a los cargos de corrupción formulados por la Fiscalía, lo cual acelera el trámite que definirá si podrá ser sometido a un juicio penal.

Tras la presentación del descargo, volcado en un documento de 89 páginas y entregado por el abogado Eduardo Carnelós, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados tendrá un plazo de hasta cinco sesiones para redactar un informe sobre el caso.

Ese dictamen será votado primero en la comisión, luego sometido al pleno de los 513 diputados y, solo en caso de que sea respaldado por una mayoría calificada de dos tercios (342 votos), el Supremo será autorizado a analizar el asunto y decidir si instaura un juicio penal contra el mandatario.

El documento entregado por Carnelós descalifica por completo las acusaciones contra el presidente Temer y también al ex fiscal general Rodrigo Janot, quien presentó la denuncia días antes de terminar su período en ese cargo, el 18 de septiembre pasado.

Buena parte de las acusaciones se fundamentan en declaraciones dadas en el marco de un acuerdo de cooperación con la justicia por los dueños del grupo JBS, quienes afirmaron que sobornan a Temer y a otros dirigentes del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), incluidos dos ministros, al menos desde 2010.

La defensa alega que el acuerdo con JBS no puede ser considerado, pues fue anulado por la propia Fiscalía después de que se descubrió que, en sus declaraciones, los propietarios del grupo cárnico habían omitido o falseado información.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que las supuestas pruebas que se obtuvieron con esos testimonios tienen valor legal y contienen indicios más que suficientes para llevar al mandatario a tribunales.

Así como las últimas declaraciones de Temer sobre el caso, el documento con su defensa contiene duras críticas a la actuación del exfiscal Janot, que durante los cuatro años que estuvo en el cargo dirigió la investigación en la estatal Petrobras que ha salpicado a decenas de políticos y entre ellos a muchos diputados.

"Al contrario que el ex fiscal general, el presidente sabe que el Congreso no está formado por bandoleros, sino por hombres y mujeres" que "tienen conciencia de la inconveniencia de permitir una crisis política y jurídica de ruidosas consecuencias", dice el documento de la defensa, en un claro guiño a los diputados.

Según las previsiones del presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, la votación definitiva en ese órgano legislativo pudiera ser realizada entre el 23 y el 24 de octubre, aunque la presentación hoy de una defensa que podía ser entregada hasta la semana próxima pudiera acelerar el proceso.

Temer confía en su poderosa base parlamentaria, que en agosto pasado ya bloqueó una primera denuncia presentada por la Fiscalía en su contra sobre la misma base de los testimonios de JBS.

Esos primeros cargos, que acusaban a Temer del supuesto delito de corrupción pasiva, fueron negados en el pleno de los diputados por 263 votos, frente a los 227 que se pronunciaron por sentarlo en el banquillo.

Esa base parlamentaria se ha mantenido unida hasta ahora, pero en los últimos días parecieron surgir algunas grietas en dos de los más importantes partidos de la coalición gobernante.

Según fuentes políticas, tanto el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que cuenta con 42 diputados, y el Partido Social Democrático (PSD), que suma 37, estarían barajando la posibilidad de votar con la oposición y avalar un juicio contra Temer.

La razón del posible abandono de la base oficialista sería, en ambos casos, el impacto que pudiera tener respaldar a un gobernante con una popularidad en torno al 5 % de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán en 2018 junto con las presidenciales.

Si los diputados permitieran el análisis de la denuncia en el Supremo y el juicio fuera instaurado, Temer sería suspendido durante 180 días al cabo de los cuales sería destituido si fuera hallado culpable, aunque recuperaría el poder si se probase su inocencia.

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